13. 1 Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. Las peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial. Modernización de las infraestructuras: El impacto del ferrocarril
Paralelamente al discurrir político, en el siglo XIX se produce la sustitución de la economía feudal y de la sociedad estamental por un sistema económico capitalista y una sociedad de clases. La nueva sociedad liberal se define por la propiedad, por eso la mayor parte de los cambios legales que se producen se encaminan a reforzar la plena propiedad privada. En torno a ella se agruparán la alta burguesía y la vieja aristocracia, para formar una nueva clase capitalista, la oligarquía.
Cambios en la propiedad de la tierra: La desamortización
La desamortización de las tierras de la Iglesia y de los concejos fue la medida más importante desde el punto de vista económico y social. Ya en el XVIII, los ilustrados consideraban que la enorme masa de bienes vinculados en manos de los privilegiados era la causa más importante del atraso agrario.
Fue la enorme deuda acumulada la que llevó a la Corona a recurrir a la desamortización. Se trataba de expropiar a quienes tenían bienes vinculados para ponerlos después a la venta y, con el importe, ir eliminando la deuda contraída. El primer decreto desamortizador fue de 1798 y afectó sólo a los bienes de algunas instituciones benéficas de la Iglesia. Después hubo varios intentos, durante la Guerra de Independencia (1808-1814) y en el Trienio liberal (1820-1823), que quedaron frustrados al restablecerse el absolutismo.
A partir de 1833 la desamortización se hizo ineludible. En febrero de 1836 se publicó el decreto de desamortización de los bienes del clero regular, la llamada desamortización de Mendizábal. Aunque al principio sólo afectaba a los conventos, en 1841 se incorporaron las tierras del clero secular, en manos de los obispados. El proceso duró hasta 1845, cuando las ventas fueron detenidas por el gobierno moderado.
Mendizábal quería amortizar la deuda del Estado, pero también convertir las tierras en propiedad privada, sujeta a mercado, y transferirlas a compradores enriquecidos que, a la vez, se verían comprometidos con el bando cristino. Por eso el método de compra que estableció permitía pagar con títulos de deuda, que estaban depreciados en el mercado. Como se admitían por su valor nominal, las compras resultaron una ganga para los especuladores. Además, el tamaño de los lotes y la corrupción en las subastas impidieron a los campesinos comprar propiedades. El resultado fue que una enorme masa de bienes raíces pasó a manos de las clases dirigentes, mientras que sólo se amortizó una parte de la deuda.
En 1855, durante el Bienio Progresista, se aprobó una nueva ley, la llamada desamortización de Madoz. Por ella se pusieron en venta todas las tierras restantes de la Iglesia (rompiendo el Concordato de 1851) y las de propios y baldíos, las tierras de los ayuntamientos. Esta vez el proceso fue mucho más rápido y se amortizó mucha más deuda. Pero, una vez más, las tierras fueron a parar a manos de los inversores y terratenientes, por lo que se aceleró el proceso de concentración de la propiedad agraria en manos de la oligarquía, además de perjudicar a los campesinos que se vieron privados de una fuente de ingresos complementaria.
Otras reformas agrarias que contribuyeron a consolidar el dominio de la oligarquía fueron la transformación de los antiguos señoríos en propiedad privada (en su inmensa mayoría en manos de los señores), la supresión de los diezmos, el libre cercamiento de las tierras y la libre comercialización de los productos agrarios.
Estos cambios no se tradujeron en innovaciones agrícolas, por eso el rendimiento de la tierra no aumentó y sólo se incrementó la producción debido a la puesta en cultivo de nuevas tierras, tras las desamortizaciones.
A mediados de la década de 1870 la economía española presentaba un retraso importante en relación con el crecimiento de otros países europeos, debido a:
1) Las condiciones geográficas dificultaban las comunicaciones, encarecían el transporte e hicieron difícil el desarrollo de un mercado nacional articulado.
2) La escasez y dispersión de materias primas y fuentes de energía.
3) El lento crecimiento demográfico provocó falta de mano de obra industrial, la carencia de excedentes agrícolas y de un mercado interior capaz de absorber la producción de la industria.
4) La falta de capitales impidió la inversión masiva en la modernización de técnicas de producción industrial. El capital español se orientó a la compra de deuda pública o tierras desamortizadas. Sólo en el norte y en Cataluña había un sector emprendedor de la burguesía que invirtió en la industria. Resultado de ello fue la dependencia del capital extranjero, que financiaron la construcción ferroviaria y el despegue siderúrgico, pero que acababan repatriando beneficios a sus países de origen.
5) El papel negativo del estado: con la continua emisión de deuda pública –que atraía a los capitales- y con una política proteccionista que favoreció el inmovilismo y la falta de cambios tecnológicos en el campo y en las fábricas.
6) La independencia de las colonias americanas significó la ausencia de mercados y la pérdida de fuentes de materias primas abundantes y baratas.
Ante el estancamiento agrícola, la producción industrial se mantuvo en niveles muy bajos. Hacia 1830 sólo el sector textil de Barcelona había iniciado su industrialización, comenzando una nueva fase de expansión que se mantuvo hasta 1862. La introducción del vapor y la mecanización permitieron multiplicar las ventas.
La producción siderúrgica se mantuvo muy débil, sobre todo porque faltaba la demanda de maquinaria que hubiera estimulado las inversiones. Además, el carbón español era caro y de baja calidad, y el hierro resultaba caro comparado con el de otros países. Hasta 1860 los hornos andaluces fueron los más importantes. Luego comenzó a crecer la producción en Asturias, gracias al carbón mineral de las minas locales. Sólo a finales de siglo entrarán en competencia los altos hornos vizcaínos.
La minería, estuvo en su mayor parte en manos de capitales extranjeros, a cambio de préstamos a Hacienda. La Ley de Bases sobre Minas (1868) favoreció el auge de la minería, con la ayuda de la venta de explotaciones a manos privadas. Algunos minerales –mercurio, plomo, cobre- registraban producciones importantes y casi el 90% se exportaba a Inglaterra y a Alemania.
Hasta 1855 la debilidad de la economía española y la falta de un marco jurídico estable impidieron la creación de una red ferroviaria. La Ley general de Ferrocarriles (1855) y la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias (1856) que completó el marco legal, permitieron la formación de tres grandes grupos financiados con capital francés que controlaron y se beneficiaron de la construcción del ferrocarril. Entre 1855 y 1865 se produjo un boom ferroviario, con la construcción de las principales líneas, pero la crisis financiera internacional de 1866 paralizó el crecimiento, que se retomaría después de 1876. Desde este año se duplicó el tendido ferroviario y hubo un notable aumento de viajeros y de volumen de mercancías transportadas. También mejoró la red de carreteras, se extendió el servicio de correos y se difundieron el telégrafo y el teléfono.
El sector financiero tuvo una evolución tardía debido a la inestabilidad política, el caos monetario y la ausencia de legislación hasta 1856, en que la Ley de Sociedades Bancarias dinamiza el sistema y acelera la creación de sociedades. En diez años los bancos por acciones pasaron de 5 a 58.
El comercio interior comenzó su crecimiento a partir de 1840 por la liberalización económica, la construcción de carreteras y la eliminación de aduanas interiores. Menos positiva fue la evolución del comercio exterior, a causa del proteccionismo y de la falta de moneda estable. Desde 1856, con la reducción de aranceles y la construcción del ferrocarril aumentó el tráfico comercial, especialmente las importaciones.
A finales del siglo XIX la economía capitalista estaba asentada en España, pero el crecimiento había sido lento y desigual, concentrado en la periferia industrial catalana, asturiana y vasca y en los medios financieros de Madrid. En el resto de España se mantenía el predominio de la agricultura y el atraso económico.
13. 2 Transformaciones sociales. Crecimiento demográfico. De la sociedad estamental a la sociedad de clases. Génesis y desarrollo del movimiento obrero en España
En España, como en el resto de Europa, se produjo un fuerte crecimiento demográfico durante el XIX, pasando de tener 10,5 millones de habitantes en 1797 a 18,5 en 1900.
El ritmo de crecimiento fue lento hasta 1840, acelerándose a partir de entonces. Sin embargo, la mortalidad se mantuvo por encima de la media europea y la natalidad se mantuvo alta todo el siglo. Datos característicos de un modelo demográfico antiguo, basado en el predominio de la agricultura, en el que las malas cosechas seguían produciendo hambrunas y las epidemias (fiebre amarilla, cólera) y enfermedades endémicas (tuberculosis, viruela...) seguían azotando a una población mal alimentada y con pésimas condiciones sanitarias e higiénicas. Sólo empezó a cambiar la situación en el último cuarto de siglo, empezando a reducirse las tasas de natalidad y mortalidad. Así en 1900 la tasa de mortalidad era del 27% y la tasa de natalidad aún estaba en torno al 35% .
El paso a la economía capitalista supuso un cambio social. La nueva clase dirigente se nutrió de la alta burguesía (comercial, industrial, financiera y agraria) y de la vieja aristocracia terrateniente, que conformaron una oligarquía de propietarios en la cúspide de la sociedad.
Por debajo, una débil clase media rural (labradores propietarios de tierras de mediana extensión) y urbana – más numerosa e influyente- de pequeños comerciantes, funcionarios y rentistas, que luchaba por mantener su posición social diferenciada del proletariado.
La gran mayoría de la población seguía siendo campesina, en su mayor parte jornaleros o pequeños arrendatarios, cuyas condiciones de vida no mejoraron con los cambios. Los bajos salarios, el paro estacional y los efectos de las crisis, con sus secuelas de hambre y enfermedad, se mantuvieron como una amenaza permanente.
El principal cambio social fue la aparición de la clase obrera industrial, aunque la proporción que representa en este periodo es pequeña, sólo significativa en Barcelona y Madrid, donde crecieron barrios obreros carentes de toda asistencia pública o privada, producto de la emigración de miles de trabajadores agrícolas.
En la década de los cuarenta, ante las nefastas condiciones de trabajo y los bajos salarios, surgieron los primeros atisbos de organización mediante la formación de sociedades de ayuda mutua y la difusión de las ideas del socialismo utópico, que comenzarán las reivindicaciones de carácter sindical (salario, horario, seguridad); y desde 1848 las reivindicaciones obreras se relacionaron con las de los demócratas y republicanos.
Pero la decepción de las capas populares ante los logros de la revolución de 1868 provocó la separación definitiva del movimiento obrero de los partidos demócrata y republicano y la rápida implantación en España de la Internacional (Asociación Internacional de Trabajadores).
En octubre de 1868 llegó a España Giuseppe Fanelli para organizar la sección española de la Internacional sobre la base de las tesis anarquistas de Mijail Bakunin. Estableció dos secciones, una en Madrid y otra en Barcelona, donde en 1870 se celebró el I Congreso de la sección española de la Internacional, estableciendo la orientación anarquista de no colaborar ni aliarse con los partidos burgueses.
En 1871, la repercusión internacional de la insurrección de la Comuna de París llevó al gobierno español a prohibir las reuniones y las huelgas, cerrando periódicos y deteniendo a líderes obreros.
Tras la llegada a España de Paul Lafargue (diciembre de1871), representante de la corriente marxista, los nuevos líderes marxistas madrileños fueron expulsados y fundaron la Nueva Federación Madrileña, que se convirtió en la sección española del ala marxista internacional.
En 1873 la Internacional española contaba con más de 25.000 afiliados, un tercio de ellos catalanes; y estaba implantada entre los obreros textiles, la construcción, artes gráficas y parte del campesinado andaluz.
La proclamación de la I República provocó una oleada de manifestaciones y huelgas que forzaron a los patrones a hacer concesiones importantes en jornadas y salarios. Pero fue la participación obrera en la huelga de Alcoy y en el movimiento cantonal, pese a la desaprobación de sus dirigentes, lo que fue utilizado por los sectores conservadores para terminar con la Internacional. El 10 de enero de 1874, tras el golpe de estado, el gobierno de Serrano decretó la disolución de la Internacional. Para entonces, la mayoría de los dirigentes había pasado a la clandestinidad, escindidos ya en dos corrientes: anarquista y socialista.
Los anarquistas se reorganizaron en 1881 fundando la Federación de Trabajadores de la Región Española, con notable implantación en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía. La represión policial y las divisiones internas hicieron que a finales de los 80 una parte se inclinara hacia el activismo sindical y reivindicativo, y una minoría radical optara por la acción directa (huelga violenta o atentado). La última década del siglo y la primera del siglo XX se caracterizaron por una oleada de atentados contra reyes, presidentes y jefes de gobierno. La respuesta contundente de las autoridades alimentaba la dinámica de acción-represión, y sirvió a las clases dominantes para etiquetar de violento a todo el anarquismo.
Después de la represión de 1874 los socialistas se reorganizaron en torno al núcleo de tipógrafos madrileño, en la prensa y el mundo editorial. En 1879 algunos intelectuales y obreros fundaron el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en torno a la figura de Pablo Iglesias y Jaime Vera. El programa redactado por ambos definía tres objetivos: la abolición de clases y la emancipación de los trabajadores, la transformación de la propiedad privada en propiedad colectiva y la conquista del poder político por la clase obrera. Además, el programa incluía una larga lista de reivindicaciones políticas y laborales para mejorar las condiciones de vida de los obreros.
Las zonas en que el socialismo tendrá más influencia serán Madrid, Asturias y Vizcaya. En 1888, cuando ya había agrupaciones socialistas en las principales ciudades del país, se fundó en Barcelona la Unión General de Trabajadores (UGT), marcando una línea divisoria clara entre el partido, con objetivos políticos, y el sindicato, cuya función reivindicativa e inmediata era la defensa de los trabajadores en la sociedad capitalista.
En 1890 se celebró por vez primera el 1º de mayo, siguiendo la consigna de la II Internacional, dando lugar a numerosas manifestaciones, y en las elecciones municipales de 1891 el PSOE obtuvo por primera vez cuatro concejales en las grandes ciudades.
La guerra de Cuba afianzó su posición. Los socialistas se opusieron al servicio militar discriminatorio y denunciaron la guerra como imperialista y antisocial, lo que aumentó su popularidad y su afiliación de forma espectacular.
13. 3 Transformaciones culturales. Cambio en las mentalidades. La educación y la
prensa
Al terminar el siglo XIX, España es un país relativamente uniforme en lo que se refiere a mentalidades, a la escasa formación cultural y a la pasividad que caracterizaba la vida de pueblos y ciudades. La gran mayoría de la población vivía inmersa en formas de vida tradicionales y las diferencias entre campo y ciudad, no eran todavía decisivas.
En el siglo XIX, los índices de alfabetización de la población española estuvieron por debajo de la media de Europa occidental. A mediados del XIX, en torno al 75% de la población era analfabeta y a principios del XX seguía siéndolo el 65%.
Sin embargo, había grandes diferencias: La población más alfabetizada estaba en Madrid y en el norte, excepto en Galicia; el analfabetismo era mucho mayor entre las mujeres y las poblaciones urbanas y las clases medias y altas tuvieron índices de alfabetización muy superiores.
Desde la segunda parte del XIX surgieron iniciativas para introducir nuevos criterios pedagógicos y organizar las bases de una política científica:
- En 1876, algunos catedráticos expulsados de la universidad por no someterse al intervencionismo ministerial, encabezados por Giner de los Ríos, fundaron la Institución Libre de Enseñanza, el principal núcleo de renovación del pensamiento filosófico y científico.
- La Escuela Moderna, fundada en 1899 en Barcelona por Francisco Ferrer Guardia, con una orientación librepensadora y anarquista. La ejecución en 1909 de su fundador dio fin a esta experiencia.
Tras la crisis de 1898, algunos intelectuales advirtieron que la derrota de España se debía a la debilidad educativa. El empuje a la educación se manifestó en diversos ámbitos, como la promoción de escuelas de artes y oficios y universidades populares o la creación del Museo Pedagógico Nacional y en la creación en 1900 del ministerio de Instrucción Pública, convirtiendo a los maestros en funcionarios.
Aunque la educación siguió dominada por la enseñanza tradicional, basada en métodos anticuados y poco críticos, rechazando las aportaciones científicas y sometida a una fuerte vigilancia por parte de la jerarquía católica. La Iglesia siguió dominando la enseñanza primaria, en la que apenas intervenía el Estado.
La modernización científica y la investigación se limitaban a una labor aislada y no reconocida de un puñado de personalidades, carentes de medios materiales y de apoyo por parte de las instituciones.
La prensa, surgida de la mano de la libertad de expresión decretada en las Cortes de Cádiz, conoció un auge creciente durante el XIX -aunque con altibajos, dependiendo de los gobiernos- desde los diarios de opinión a la prensa industrial, con la aparición de revistas ilustradas desde 1868.
La Ley de Prensa de 1883 impulsará su florecimiento, apareciendo ya periódicos como El Heraldo de Madrid, El Imparcial o La Vanguardia. En 1887 se publicaban 309 diarios y 455 periódicos semanales en toda España.
La prensa constituyó la base para la difusión de noticias e ideas y el soporte para la proyección pública de escritores e intelectuales, que publicarán gran parte de su obra en las páginas de periódicos y revistas. En este sentido, fue básica para la formación de la opinión pública.
